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Gonzalo Bernardos Domínguez es uno de los economistas más reconocidos en nuestro país y todo un referente por su conocimiento económico, social y político de un sector tan controvertido como es el sector inmobiliario, y dentro de éste, es una de las firmas más valoradas por sus análisis de los problemas existentes sobre un derecho constitucionalmente reconocido: la vivienda.

Gonzalo Bernardos Domínguez

Profesor Titular del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals y de la Universitat Oberta de Catalunya, es también director del Master de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona y autor de dos importantes libros:

  • "¿Cómo invertir con éxito en el Mercado Inmobiliario?"
  • "La Gran Mentira de la Economía".

 

"El problema de la vivienda no es un problema solo de ahora, existe desde hace mucho tiempo porque no ha habido políticas de acceso a la vivienda serias y rigurosas, porque lo que se ha intentado es ganar votos". Para Bernardos, una cuestión que hubiera paliado, en gran parte, el problema de la vivienda es "que todos los bienes inmuebles de los bancos que han sido rescatados con dinero público, se hubieran destinado, por parte de las Administraciones Públicas, para vivienda social en alquiler a un precio asequible y módico para las personas sin recursos".

Continúa explicando que, si todos apostamos por el alquiler, los precios suben considerablemente, y esto genera un grave problema. "Las Administraciones Públicas lo que tienen que hacer es conseguir acuerdos con entidades privadas y personas físicas para que pongan sus viviendas en alquiler, ofreciendo, además, incentivos fiscales lo suficientemente interesantes como para que se controlen y bajen los precios del alquiler", explica Bernardos.

 

Se siguen produciendo desahucios por impago de cuotas comunitarias y por impago de rentas de alquiler. Además de las soluciones planteadas anteriormente, ¿existen otras medidas que pudieran paliar este problema?

"Sí, sin duda alguna. La primera sería que las Viviendas de Protección Oficial deberían ser destinadas, exclusivamente, para el alquiler, y nunca para la venta. La razón es muy sencilla, y es que muchas veces ciudadanos que no son asalariados pueden disfrazar sus ingresos económicos altos o medios y entrar dentro del baremo exigido para el acceso a este tipo de viviendas. Y ocurre que consiguen viviendas a precios muy por debajo del mercado que hemos subvencionado todos los ciudadanos, y que posteriormente venden a precios muy superiores".

 

La Ley Express para el desahucio solo contempla los desahucios cuando se trata de particulares, pero deja fuera a los bancos, las inmobiliarias o los fondos de inversión. ¿Qué opinión tiene sobre esta norma?

"En primer lugar, toda mi comprensión con aquellas familias que no pueden hacer sus pagos por falta de ingresos económicos. Y, en segundo lugar, pues que me parece muy mal que se haya dejado fuera a sectores como los bancos, las inmobiliarias o los fondos de inversión. Dicho esto, quiero matizar que existen dos tipos de personas que no cumplen con sus pagos: aquellas que realmente no pueden, y otras que pudiendo, no quieren pagar. En base a esta Ley, a los primeros hay que facilitarles, desde las Administraciones Públicas, una vivienda digna una vez que el Juzgado ha dictaminado esta falta de recursos. Pero si el Juzgado considera que el impago es de un moroso profesional, es toda una garantía para los propietarios que el desahucio se produzca en un tiempo mínimo".

 

Distintos sectores profesionales, y también el Gobierno, han propuesto una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Con qué filosofía considera que debiera realizarse esta reforma?

"Una de las razones por las que no se ponen viviendas en alquiler es el impago, por ello debe producirse un funcionamiento de la justicia que te permita, en menos de un año, desahuciar a una persona, teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente. Es fundamental ofrecer seguridad a los propietarios, porque supone para ellos, un "plan de pensiones" y el futuro de sus hijos. Por ello, el desahucio es un elemento correcto y adecuado para proteger la propiedad, pero con los derechos de propietarios e inquilinos equilibrados, porque no puede ser que los propietarios tengan todos los derechos y los inquilinos ningunos, o viceversa.

Como propuestas concretas, el propietario debería de poder realizar un contrato de alquiler por un número mayor de años, por ejemplo, diez, y en ese tiempo, que tenga la opción de poder subir la renta un 2% cada año, combinando así estabilidad y rentabilidad.

Cuando me refiero a propietario, éste puede ser una SOCIMI, un banco o un particular. Cuantas más empresas y personas físicas pongan viviendas en alquiler, más aumentará el parque y menos pagará el inquilino".

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado una reforma de la LPH y la LAU para regular las viviendas de uso turístico. ¿Cómo podría garantizarse el derecho de un propietario a dar ese uso a su propiedad con el derecho de los vecinos a disfrutar de su vivienda sin molestias?

"Lo veo muy claro: No es un problema. Hacen de ello un problema. En mi opinión, con tres medidas se solucionaría la cuestión, y ninguna de ellas costaría un solo euro:

  • La primera, que todas las nuevas viviendas de uso turístico no coexistan con las de otros usos. Por tanto, solo podrían obtener licencia si todo el inmueble fuera destinado a ellas. La única excepción a la norma serían algunas ciudades que viven casi exclusivamente del turismo -por ejemplo, Benidorm, Nerja, Cambrils, ect.-.
  • La segunda sería que el porcentaje de viviendas turísticas, en ningún barrio de la ciudad, superara el 5%.
  • La tercera es gravar a dichas viviendas con un impuesto especial. La recaudación obtenida iría íntegramente a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras del barrio, así como a diversos proyectos sociales.

 

Gonzalo Bernardos siempre ha defendido la colegiación obligatoria de los Administradores de Fincas. Las razones fundamentales las ha explicado en esta entrevista.

¿Por qué somos necesarios?

"Para que las cosas vayan bien, tanto en las comunidades de propietarios como en inmuebles arrendados, es muy necesaria la figura del Administrador de Fincas colegiado porque es el profesional con cualificación suficiente para conocer, informar y aplicar toda una maraña de normativas muy complejas que afectan a las viviendas.

El Administrador de Fincas tiene conocimientos y capacidades técnicos, jurídicos e incluso psicológicos para la resolución de los problemas".

 

Europa sigue insistiendo en la liberalización de los servicios y desregulación profesional. ¿Tiene sentido una cuestión así cuando desde la UE se busca, como prioridad, proteger los intereses de consumidores y usuarios?

"El ideario económico que nos llega de Europa es neoliberal, y considera que hay que permitir el libre acceso a las profesiones porque así se puede elegir entre una mayor oferta y se abaratan los precios del servicio profesional.

Considero que deberíamos de aplicar una filosofía que llevara a centrarse en la calidad de los servicios, más que en el precio. El hecho de precio bajo-baja calidad no ha de ser la única alternativa, sino que debe de haber otras alternativas en las que, principalmente, no sea el precio la variable predominante, sino la calidad.

La desregulación absoluta desprestigia una profesión porque cualquiera se puede convertir en un experto inmobiliario, y esto ensombrece lo que hacen los profesionales con cualificación adecuada y que desarrollan, de un modo óptimo, su profesión. Desde esta perspectiva, es imprescindible la existencia de los colegios profesionales, entre ellos los de Administradores de Fincas colegiados, porque garantizan un código deontológico, conducen a una mejora continuada, apuestan por la calidad y dignifican la profesión."




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