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  • Administrador de Fincas - Colegiado nº 755 de Sevilla, con ejercicio activo desde 1987.
  • Arquitecto Superior - Universidad de Sevilla - Colegiado nº 6106 de Sevilla, con ejecrcicio activo desde 2005.
  • Abogado - Universidad de Nebrija - Colegiado nº 15577 de Sevilla, con ejercicio activo desde 2018.
  • Auditor e Implantador de la LOPD en Empresas - Universidad Rey Juan Carlos I - Con ejercicio activo desde 2011
  • Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales - Con ejercicio desde 2006
    • Especialidad de Seguridad en el Trabajo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
      Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
      Especialidad de Higiene Industrial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


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Los 10 puntos de la eficiencia

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El Colegio Profesional de Administradores de Fincas propone varias medidas para mejorar la eficiencia energética de los edificios pertenecientes a las Comunidades de Propietarios.

 

Ángel Ignacio Mateo, Secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, participó el pasado 22/02/2012 en una Jornada sobre Ahorro de Energía en Comunidades de Propietarios, organizada por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, en la que presentó una batería de medidas para la mejora de la eficiencia energética en las comunidades de propietarios.

El Colegio de Administradores de Fincas demanda la intervención eficaz de las Administraciones Públicas, a las que se les exige, entre otras medidas, “una legislación que reúna en un mismo texto legal las distintas normativas que tienen por objeto lograr la eficiencia energética”. Por su parte, el presidente de la institución, Miguel Ángel Muñoz, reconoce que “dado que el sector doméstico-hogar es responsable de aproximadamente el 16,7% total de la energía primaria consumida en España, es fundamental potenciar los métodos de financiación y subvención para la implementación de soluciones de eficiencia energética”.

Las medidas que propone el Colegio son:

  1. La única forma de ahorrar está en mejorar la eficiencia energética de los edificios. Actualmente el único camino de reducir los gastos en los inmuebles es mejorar su eficiencia energética sin disminuir los servicios comunes que vinieran disponiéndose. Además, el ahorro que se genere se consolidará de manera permanente para ejercicios futuros. Es ahorro de presente y futuro.
  2. Implementar una Auditoría Energética obligatoria en los edificios. Para potenciar la eficiencia energética en los edificios es necesario que las Administraciones Públicas regulen la obligatoriedad de efectuar una Auditoría Energética por parte de los propietarios. De no ser así y por lo tanto dejándolo a la voluntad de los propietarios, se tardará bastante tiempo en lograr que una mayoría amplia de inmuebles obtengan la etiqueta de edificios energéticamente eficientes.
  3. Potenciar los métodos de financiación y subvención para la implementación de soluciones de eficiencia energética. En la mayoría de las actuaciones es necesario obtener una financiación previa para implantar las medidas que generan ahorro, siendo éste el principal obstáculo. Igualmente desde las Administraciones Públicas debe facilitarse esta financiación, ya que, según su experiencia, los créditos ICO no son todo lo eficaces que sobre el papel parecen, pues al asumir el riesgo las entidades financieras privadas, éstas no pueden formalizar las operaciones por entender que las comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica. Este nuevo sistema de financiación necesario que deben habilitar las Administraciones Públicas tiene que ser compatible con la actual regulación de subvenciones.
  4. Aplicar un IVA reducido o superreducido en todas las iniciativas de eficiencia energética en edificios. Fijar que a cualquier actuación que mejore la eficiencia energética de los edificios le sea aplicable el IVA reducido del 8%, sin establecer que el coste de los materiales no puede exceder del 33% de la base imponible de la operación, como sucede con la regulación vigente. Es decir, que actualmente cuando los materiales superan el 33% del total del presupuesto de ejecución no puede aplicarse el 8%, debiendo tributar todo el presupuesto al 18%. En resumen, si se mantiene la regulación actual una gran mayoría de las actuaciones que mejoran la eficiencia de las instalaciones térmicas seguiría tributando al 18%, afirmación que es extensible al resto de las medidas de mejora de la eficiencia energética, como por ejemplo, iluminación, ascensores, etc.
  5. Conseguir ampliar la garantía de productos e instalaciones para que cubran el periodo de amortización. Actualmente el plazo de garantía es de de 2 años, salvo que voluntariamente el instalador ofrezca otro, circunstancia que rara vez se produce. Es necesario que se establezca que el plazo de garantía de los equipos y mano de obra de las actuaciones que mejoren la eficiencia energética en los edificios tengan un plazo de garantía superior, bien ampliando el mismo hasta 5-7 años, bien referenciándolo al plazo de amortización de la inversión. Esta medida dará seguridad en la toma de decisiones por parte de la propiedad de cada inmueble.
  6. El plazo de amortización de los procesos que mejoran la eficiencia energética debe ser de 3 a 5 años, como máximo 7 años. Recomendar que aquellas actuaciones que tengan un plazo de amortización superior a 7 años, en principio, puede que no sean aconsejables, siendo el plazo óptimo entre 3 y 5 años.
  7. Unificar la legislación para aclarar los procesos técnicos y burocráticos. Actualmente existe una diversidad de normativa (Código Técnico de la Edificación, Proyecto del nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, Proyecto de la certificación energética de los edificios, el plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020, etc...), que por sí misma ofrece inseguridad al usuario y consumidor final de servicios energéticos, circunstancia que desaparecería si todo este marco normativo se refundiera en un solo texto legal.
  8. Las empresas que suministran energía tienen que aplicar una tarifa especial a los edificios eficientes. Un incentivo claro que animase a la propiedad del patrimonio inmobiliario a la implantación de medidas de ahorro en base a la eficiencia energética de los edificios sería que una vez obtenida la etiqueta de edificio energéticamente eficiente las distribuidoras de energía aplicaran unas tarifas, tanto en el término fijo como en el variable, con un descuento o bonificación sobre sus precios base.
  9. Crear conciencia de ahorro energético en toda la comunidad de propietarios. Con el fomento de actuaciones para que el parque inmobiliario sea energéticamente eficiente, a partir del cual conseguiremos:
    • Ahorro, tanto desde la vertiente del interés particular como desde el interés general.
    • Los usuarios y consumidores finales dispondrán de más recursos económicos que podrán destinar a otros fines.
    • La nación en su conjunto gastará menos en energía y por lo tanto podrá invertir estos recursos en otros ámbitos o sectores económicos.
    • La implantación de las medidas para mejorar la eficiencia energética supondrá la creación de empresas especializadas y la creación de cientos de nuevos puestos de trabajo tanto por las mercantiles existentes como por las de nueva creación.
    • Es una nueva vía para potenciar la salida de la actual situación de destrucción de empleo y empresas, de crecimiento económico negativo y de la tónica generalizada de desánimo social.
    • En resumen, ahorro energético es sinónimo de: mayores recursos, nuevos puestos de trabajo, creación y consolidación de empresas, creación de riqueza tanto en defensa del interés particular como general.
  10. Incrementar las campañas de divulgación informativa que impliquen y hagan partícipe al ciudadano. Aunque las distintas Administraciones Públicas destinan recursos a la divulgación de campañas informativas que indican los beneficios del ahorro energético, éstas resultan, en ocasiones, ineficaces toda vez que no motivan la participación e interactuación ciudadana.

Fuente: eseficiencia

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