En la Jornada Técnica sobre Accesibilidad Universal en la edificación y espacios públicos organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se ha hecho hincapié en que hace falta una mayor sensibilización social para que el derecho a la Accesibilidad Universal sea un hecho, y al mismo tiempo, hay que simplificar el panorama legal y hacer leyes que se puedan cumplir. Los Administradores de Fincas colegiados proponen que las obras de Accesibilidad tengan deducciones en el IS, el IRPF, y el IVA, y que el importe de las licencias de obra sea mucho menor. También se podría establecer un fondo de liquidez acumulativo, que generaría rapidez en la tramitación de las ayudas y un bajo coste de gestión, porque considera que no sería un gasto, ni generaría un déficit en las administraciones públicas, porque los recursos serían acumulativos, volverían al Estado y servirían para financiar nuevos proyectos.
En España, la mayor parte de los edificios han sido construidos entre los años 1950 y 2001, en que se edificaron algo más del 70%, y solo un 12,0% son viviendas que han sido construidas a partir del año 2002. Y la Accesibilidad de los edificios construidos entre 1950 y2001 es del 23%, y las de los construidos a partir del año 2002, es del 22%. De estos datos se obtiene la conclusión de que una de las razones más importante por las que no se ha procedido a la supresión de barreras arquitectónicas en un mayor número de inmuebles es por la imposibilidad técnica de realizar las obras correspondientes por las características del propio edificio.
El 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso supone que, de un total de 9.814.785, solo el 23% son accesibles (2.257.400 edificios). Hay que decir que de este porcentaje, solo el 2% de las fincas poseen un acceso desde la calle al portal que cumpla con los criterios de Accesibilidad Universal, lo que supone 196.295 edificios.
El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece que, antes del 4 de diciembre de 2017, las Comunidades de Propietarios deberán realizar las obras necesarias para que las personas con discapacidad puedan usar los elementos comunes. Fundamentalmente, están obligadas a instalar rampas, salvaescaleras, ascensores y/u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble.
SUBVENCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Las distintas administraciones públicas tienen establecidas una serie de subvenciones que se han ido limitando en número y cuantía en los últimos años por causa de la crisis económica, lo que ha dificultado considerablemente que se acometan las obras requeridas para conseguir la Accesibilidad Universal. Pese a ello, podemos decir que el 78% de las Comunidades de Propietarios han realizado las obras de Accesibilidad con medios propios, a la espera de recibir, posteriormente, el importe de las subvenciones correspondientes.
Es necesaria una mayor implicación en la mejora de la Accesibilidad Universal con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las personas con movilidad reducida, discapacitadas o simplemente mayores con dificultades, y que aumenten las ayudas públicas y privadas (económicas y técnicas) para la eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso a la vivienda y su entorno.
Y eso se consigue mediante la elaboración de estudios para fomentar acciones de sensibilización de la sociedad y de las administraciones públicas.
¿Con que problemas de Accesibilidad se encuentran las personas con discapacidad o movilidad reducida en sus edificios y viviendas?
Existen diferentes problemáticas a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida cada día, pero a menudo el simple hecho de no poder bajar o subir un escalón y no disponer de una rampa de acceso los deja presos en sus viviendas hasta que alguien les puede ayudar a salir. Es un problema silencioso y muchas veces desconocido por los propios vecinos de la comunidad. Y un edificio sin ascensor o, simplemente, con un ascensor que no tiene la profundidad adecuada se convierte en una barrera insalvable para una persona con movilidad reducida, que acaba recluida en su propio domicilio.
Y también hay un sufrimiento emocional que a veces no se contempla: los mayores no quieren molestar a hijos o vecinos y poco a poco se autolimitan y se acostumbran a salir lo imprescindible, porque cada vez que salen o entran lo pasan mal.
¿Qué pueden aportar los Administradores de Fincas colegiados?
Los Administradores de Fincas colegiados son los que mejor conocen las realidades de las comunidades que gestionan y pueden ayudar a comunicar y difundir las bases sobre las que se van a lanzar estas ayudas y acercarnos a la realidad de sus comunidades.
¿Qué soluciones hay para que los edificios cumplan con la Accesibilidad Universal?
Actualmente, la legislación vigente ya prevé que los edificios de nueva planta se diseñen en base a criterios de Accesibilidad Universal, pero los edificios más antiguos, que aún no cumplen estos criterios y que tengan vecinos con movilidad reducida, existen ayudas económicas y técnicas para eliminar estas barreras arquitectónicas.
En las comunidades de propietarios las obras de Accesibilidad se producen cuando lo solicita un propietario o son impuestas por la administración, y en pocas ocasiones se realizan por una decisión voluntaria de la Junta de Propietarios. ¿Existe una falta de concienciación ciudadana sobre este importante problema de la supresión de barreras arquitectónicas?
En general la sociedad está concienciada con las dificultades que tienen las personas con discapacidad, ya que se pueden percibir de forma aparente. Pero a menudo los problemas de Accesibilidad que experimentan las personas mayores quedan silenciados y desconocidos.
Con el paso del tiempo y el progresivo envejecimiento de la población, la consciencia sobre estos problemas irá aumentando, y confiamos que serán los propios vecinos que percibirán la necesidad de realizarlas.
Según los datos del INE, la pirámide generacional española se está invirtiendo con el paso del tiempo. Los últimos datos muestran que para 2019 se prevé que residan 11,3 millones de personas mayores de 64 años y esta cifra se podría incrementar hasta 15,8 millones de personas para el horizonte de 2064. Pero es que ahora ya tenemos más de 2,7 millones de personas con una edad superior a 80 años.
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