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Santiago Gutiérrez Galnares posee, entre otros, los siguientes títulos académicos oficiales y/o profesionales, y ejerce las siguientes profesiones, algunas de ellas de carácter regulada y/o colegiación obligatoria:

  • Administrador de Fincas - Colegiado nº 755 de Sevilla, con ejercicio activo desde 1987.
  • Arquitecto Superior - Universidad de Sevilla - Colegiado nº 6106 de Sevilla, con ejecrcicio activo desde 2005.
  • Abogado - Universidad de Nebrija - Colegiado nº 15577 de Sevilla, con ejercicio activo desde 2018.
  • Auditor e Implantador de la LOPD en Empresas - Universidad Rey Juan Carlos I - Con ejercicio activo desde 2011
  • Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales - Con ejercicio desde 2006
    • Especialidad de Seguridad en el Trabajo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
      Especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
      Especialidad de Higiene Industrial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


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La accesibilidad universal se topa con los propietarios

El 4 de diciembre de 2017 termina el plazo para que los edificios de viviendas eliminen las barreras arquitectónicas que limitan a personas discapacitadas y mayores de 70 años.

El número de personas con discapacidad suma 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población.

El próximo 4 de diciembre de 2017 es la fecha tope para que los edificios de viviendas sean accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años. Las comunidades de propietarios han tenido cuatro años para sustituir las escaleras del portal por rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la movilidad por las zonas comunes, así como la entrada y salida de la finca. A eso les obliga el RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que habla de hacer "ajustes razonables".

 

Incumplimiento

Pero la triste realidad es que sigue habiendo gente que no puede salir de su piso porque esas escaleras siguen estando ahí o porque no cabe una silla de ruedas en el ascensor. "En España, el 77% de los edificios no han eliminado las barreras arquitectónicas. Eso supone que solo el 23% son accesibles —casi 2,3 millones—. Y de este porcentaje, solo el 2% posee un acceso desde la calle al portal que cumpla los criterios de accesibilidad universal, apenas 196.295 inmuebles", según las estimaciones de Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).


Por contra, "el número de personas con discapacidad alcanza los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población, según el INE. Algunos de ellos viven en una cárcel. Se calcula que en España existen 1,2 millones de edificios de viviendas construidos antes de 1981 que carecen de ascensor", cuenta José Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Comunicación y Estadística de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). "En los edificios antiguos de difícil distribución y con problemas por los grados de protección del inmueble se han realizado muy pocas actuaciones", comenta Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). En esta región, "el 60% de los edificios no habría ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas", insiste. Que muchas de estas comunidades no hayan acometido las obras tiene varias explicaciones.

 

Obstáculos

Para empezar, el RDL 1/2013 depende de otras normas que restringen su aplicación. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que han de ser solicitadas por el propietario de la vivienda en la que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años. Si alguno de estos dos colectivos no lo solicita, las comunidades de propietarios no están obligadas a realizarlas, un punto que dificulta la accesibilidad universal. Por eso, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que es necesario cambiar esta ley que regula la vida de los vecinos, algo en lo que ya dicen trabajar los administradores de fincas y así "evitar la contradicción entre las normas", explica Díez.

Además, eliminar barreras no es tan sencilllo como parece debido al sistema de acuerdos y pagos que fija la LPH. Las obras de accesibilidad son obligatorias para todos los propietarios cuando el importe, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. "La práctica dice que las personas que lo solicitan terminan en los tribunales por la negativa de los propietarios", dicen en la asesoría jurídica de CERMI. Ahora bien, si el coste de la obra supera esas 12 mensualidades hay que convocar una junta general y aprobarlo por mayoría, en cuyo caso también obliga a todos los propietarios. Si se vota en contra pero los solicitantes pueden pagar la diferencia de dinero, el resto de propietarios deben costear las 12 mensualidades que les corresponden.

Hay más razones: falta de recursos económicos y alta morosidad, tardanza en las concesión de licencias o problemas de distribución y espacio en inmuebles antiguos. "No se han realizado debido a las inversiones y la imposibilidad de atender todas las demandas de conservación y mantenimiento del inmueble. También por la tardanza en la obtención de las licencias urbanísticas,pues un permiso puede tardar más de un año", expone Martínez Torres. Esa tardanza compromete además la obtención de las subvenciones, si es que llegan a manos de los propietarios. "Yo no tengo constancia de ninguna que haya recibido el dinero de programas anteriores", añade la presidenta de CAFMadrid, que cree que sería más efectivo financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10% al 7%. Con este panorama, "el 78% de las comunidades de propietarios que han hecho obras de accesibilidad estos años lo han pagado con medios propios y están a la espera de recibir las subvenciones correspondientes, lo que evidencia la necesidad de mayores esfuerzos por parte de las administraciones Públicas", aporta Salvador Díez.

Las comunidades que han dejado atrás las barreras se han decantado por las soluciones más económicas. "Las que más se realizan son la instalación de rampas de acceso al edificio y a otros elementos comunes y, en menor porcentaje, el ascensor o la sustitución del mismo, seguido de un elevador vertical o plataforma elevadora", cuenta Díez. Aunque difícil de desglosar, "en 2016 se instalaron 10.460 ascensores en España y estimamos que un 50% puede ser en edificios ya construidos", calculan en FEEDA.

No es lo mismo una rampa para salvar tramos de escaleras de dos a ocho metros, que puede costar entre 2.000 y 5.000 euros, que un ascensor cuyo presupuesto puede ir de 60.000 hasta 100.000 euros, en función de la obra y las alturas. "Las plataformas cuestan unos 10.000 euros en tramos rectos y se encarecen un 20% en los curvos. Los elevadores para salvar tres metros de altura oscilan entre los 15.000 y 20.000 euros", señala Martínez Torres.

 

Sanciones

¿Qué pasará el 5 de diciembre? Las sanciones van desde 301 hasta un millón de euros. "Entendemos que no se va a actuar de oficio, pero debemos concienciarnos todos de que es necesario y bueno acometer estas reformas", contesta el presidente del CGCAFE.

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